Jueves 23 de agosto. Los gremios y los jubilados marchan hacia Tribunales I para pedir la inconstitucionalidad de la ley 10.078, ley de fortalecimiento del sistema previsional, ley aprobada la noche del 8 de agosto, cuando el gobernador José Manuel De la Sota ingresó en la Legislatura para presentar un proyecto que establecía el pago de los aumentos a los jubilados 180 días después de los activos.
Esta ley fue rápidamente aprobada, luego de que la oposición se retirara de la Legislatura.
Desde ese momento los cordobeses vimos y escuchamos en las calles el reclamo y el rechazo unánime de los afectados hoy, los jubilados, y de los afectados del mañana: los activos. Todos dijeron NO a esta ley.
El jueves volvieron a las calles. Esta vez para pedir la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué la inconstitucionalidad? Porque la ley viola el principio de irreductibilidad de las prestaciones (art. 57 C.P), lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de gobierno ya que existe un derecho adquirido.
Cerca de las 11.30 de la mañana fueron llegando y concentrándose frente al palacio de Tribunales, en la plaza de la Intendencia. Fácilmente podían identificarse las columnas que llegaban: Luz y Fuerza, UEPC; SUOEM, que realizó un acto en las escalinatas de la Municipalidad; Asociación Bancaria, SEP; Judiciales; Gráficos, Cotreco, Centro de Jubilados del Banco de Córdoba; Comisión Permanente de Jubilados Nacionales y Pvciales, entre otros. En la Plaza podían verse muchos jubilados, que con el paso más lento, la mirada más cansada pero con la fuerza intacta reclamaban por aquello que les pertenece: su jubilación en tiempo y forma.
La Plaza estaba llena. Las bombas de estruendo explotaban. Los cánticos contra el gobernador De la Sota sonaban cada vez más fuerte. La custodia policial rodeando Tribunales era imponente. Los periodistas observábamos atentamente todo lo que ocurría. Frente a la valla, a metros del cordón policial se acercaron los dirigentes gremiales para ingresar al palacio de Justicia. Los incidentes se desencadenaron en el preciso momento en que los secretarios generales José Pihen, Juan Leyría, Raúl Ferro, Domingo Ovando e Irina Santesteban cruzaron hacia el ingreso a Tribunales por calle Bolívar. Por otro sector, ingresaban Rubén Daniele, de SUOEM y Juan Monserrat de UEPC. Detrás pasaron algunas jubiladas que también firmarían pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. De repente las piedras y las bombas cruzaron las vallas y la policía avanzó. En segundos la plaza fue convirtiéndose en una batalla campal, donde la gente corría, algunos tiraban piedras y la policía ferozmente reprimía.
¿Y los jubilados? Habrán logrado correr a tiempo? Antes de recibir algún impacto de un lado o de otro? Porque allí, una vez armada la batalla, ya nadie medía las consecuencias. Pese a que minutos antes, alguien pedía por favor calma porque había muchos jubilados y podían salir lastimados.
Después de lo sucedido, con un saldo de 26 heridos, 11 policías y 15 manifestantes con lesiones por balas; tres detenidos y múltiples destrozos, vinieron las declaraciones. Frente a lo sucedido el gobernador José Manuel De la Sota aseguró que “Los que generan violencia son unos pocos y les pidió a los gremios que ayuden (al Gobierno) a identificar a los violentos. Ellos mismos se han visto sorprendidos por estos hechos de violencia”,.
El jefe de gabinete, Oscar González dijo que "No hay ningún planteo de modificar la ley que se votó en la Legislatura".
El titular del bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, dijo que “al ajuste por el evidente descalabro de las finanzas provinciales, ahora De la Sota le está sumando represión, una combinación peligrosa para la Provincia”.
Por su parte, Mario Negri, referente radical, opinó que “El ajuste de De la Sota por la espalda contribuye a los desgraciados acontecimientos”.
En el mismo sentido se pronunció Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) quien atribuyó la violencia a la falta de diálogo.
Liliana Olivero y Eduardo Salas (Frente de Izquierda y los Trabajadores) repudiaron la “represión”. “La represión feroz contra los jubilados y estatales da cuenta de una crisis fiscal y política de fondo en la Provincia que el Gobierno quiere descargar sobre los trabajadores”, señalaron.
Y ustedes, los jubilados ¿que piensan? ¿Que sienten? ¿Que opinan? ¿Cómo vivieron lo sucedido esta semana en Córdoba? ¿Que nos pueden decir después de esta Marcha de la Bronca?.
Esta ley fue rápidamente aprobada, luego de que la oposición se retirara de la Legislatura.
Desde ese momento los cordobeses vimos y escuchamos en las calles el reclamo y el rechazo unánime de los afectados hoy, los jubilados, y de los afectados del mañana: los activos. Todos dijeron NO a esta ley.
El jueves volvieron a las calles. Esta vez para pedir la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué la inconstitucionalidad? Porque la ley viola el principio de irreductibilidad de las prestaciones (art. 57 C.P), lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de gobierno ya que existe un derecho adquirido.
Cerca de las 11.30 de la mañana fueron llegando y concentrándose frente al palacio de Tribunales, en la plaza de la Intendencia. Fácilmente podían identificarse las columnas que llegaban: Luz y Fuerza, UEPC; SUOEM, que realizó un acto en las escalinatas de la Municipalidad; Asociación Bancaria, SEP; Judiciales; Gráficos, Cotreco, Centro de Jubilados del Banco de Córdoba; Comisión Permanente de Jubilados Nacionales y Pvciales, entre otros. En la Plaza podían verse muchos jubilados, que con el paso más lento, la mirada más cansada pero con la fuerza intacta reclamaban por aquello que les pertenece: su jubilación en tiempo y forma.
La Plaza estaba llena. Las bombas de estruendo explotaban. Los cánticos contra el gobernador De la Sota sonaban cada vez más fuerte. La custodia policial rodeando Tribunales era imponente. Los periodistas observábamos atentamente todo lo que ocurría. Frente a la valla, a metros del cordón policial se acercaron los dirigentes gremiales para ingresar al palacio de Justicia. Los incidentes se desencadenaron en el preciso momento en que los secretarios generales José Pihen, Juan Leyría, Raúl Ferro, Domingo Ovando e Irina Santesteban cruzaron hacia el ingreso a Tribunales por calle Bolívar. Por otro sector, ingresaban Rubén Daniele, de SUOEM y Juan Monserrat de UEPC. Detrás pasaron algunas jubiladas que también firmarían pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. De repente las piedras y las bombas cruzaron las vallas y la policía avanzó. En segundos la plaza fue convirtiéndose en una batalla campal, donde la gente corría, algunos tiraban piedras y la policía ferozmente reprimía.
¿Y los jubilados? Habrán logrado correr a tiempo? Antes de recibir algún impacto de un lado o de otro? Porque allí, una vez armada la batalla, ya nadie medía las consecuencias. Pese a que minutos antes, alguien pedía por favor calma porque había muchos jubilados y podían salir lastimados.
Después de lo sucedido, con un saldo de 26 heridos, 11 policías y 15 manifestantes con lesiones por balas; tres detenidos y múltiples destrozos, vinieron las declaraciones. Frente a lo sucedido el gobernador José Manuel De la Sota aseguró que “Los que generan violencia son unos pocos y les pidió a los gremios que ayuden (al Gobierno) a identificar a los violentos. Ellos mismos se han visto sorprendidos por estos hechos de violencia”,.
El jefe de gabinete, Oscar González dijo que "No hay ningún planteo de modificar la ley que se votó en la Legislatura".
El titular del bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, dijo que “al ajuste por el evidente descalabro de las finanzas provinciales, ahora De la Sota le está sumando represión, una combinación peligrosa para la Provincia”.
Por su parte, Mario Negri, referente radical, opinó que “El ajuste de De la Sota por la espalda contribuye a los desgraciados acontecimientos”.
En el mismo sentido se pronunció Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) quien atribuyó la violencia a la falta de diálogo.
Liliana Olivero y Eduardo Salas (Frente de Izquierda y los Trabajadores) repudiaron la “represión”. “La represión feroz contra los jubilados y estatales da cuenta de una crisis fiscal y política de fondo en la Provincia que el Gobierno quiere descargar sobre los trabajadores”, señalaron.
Y ustedes, los jubilados ¿que piensan? ¿Que sienten? ¿Que opinan? ¿Cómo vivieron lo sucedido esta semana en Córdoba? ¿Que nos pueden decir después de esta Marcha de la Bronca?.
EDITORIAL ESCRITA POR MARIA CECILIA LORENZO LEIDA EL SÁBADO 25 DE AGOSTO EN EL PROGRAMA "PALABRAS MAYORES"
